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A pesar de que Guatemala difícilmente podría catalogarse como un país pobre, debido a sus enormes recursos naturales, hoy ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial en hambruna y desnutrición (tres puestos más arriba que hace 6 meses).

Literalmente la mitad de la población está muriendo de hambre y contrario a lo que el Gobierno viene planteando desde el año pasado, estas cifras representan un problema estructural que está bastante lejos de ser una crisis transitoria: su misma duración ya lo denuncia.

Desde principios de este año la situación ha empeorado, puesto que tan sólo en enero las autoridades sanitarias reportaron 4 mil casos de desnutrición aguda, nivel más grave de los que se han registrado desde que inició el problema. Además, según alertó la ONU, 145 mil familias más están en riesgo de caer en la desnutrición.

Hasta el momento, un total de 2,7 millones de personas se han visto afectadas, más de 500 personas han fallecido, según cifras del Ministerio de Salud, y casi la mitad de los niños sufren de desnutrición crónica, de acuerdo con UNICEF. Frente a estas cifras tan alarmantes, la ONU lanzó una campaña para recaudar 34,1 millones de dólares para el país, ayuda que debe permitir proporcionar alimentos, servicios de salud, agua potable y equipamientos sanitarios para 680.000 personas en los próximos seis meses, afirmó el coordinador de la ONU en Guatemala, René Mauricio Valdés, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Según los datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), las poblaciones más perjudicadas son 185 mil familias pobres que viven en varios departamentos de lo que se conoce como “corredor seco”, al oriente de Guatemala. Aquí, la peor escasez de lluvia que se haya conocido en 30 años ha propiciado que se proliferen enfermedades en los cultivos, que han desencadenado en la destrucción de cerca del 90 por ciento de los sembrados de fríjol y maíz, base de la dieta de los guatemaltecos. Además de que al 77% de los habitantes ya se les agotaron las reservas de alimentos.

Como medida para combatir esta realidad, el pasado 9 de septiembre el Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, decretó un estado de calamidad, pero la reacción ha sido insuficiente, puesto que la causa de esta situación no es una sola. El aumento de los precios de los alimentos coincidió con la recesión en Estados Unidos que disminuyó considerablemente la cantidad de remesas enviadas al país (equivalentes al 12% del Producto Interno Bruto, PIB). La tasa tributaria no llega ni siquiera al diez por ciento del PIB, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades sociales del país. Y finalmente, la abismal inequidad se posesiona como la principal causa.

El presidente Colom calificó la “crisis” como una tragedia de dimensión “histórica”, dada la cantidad de personas afectadas. Pero lo cierto es que este problema no es para nada reciente, porque es parte de la estructura semifeudal y oligárquica que impera en el país, como la denominan los opositores. Y además, se conocía con antelación la llegada de “crisis”, gracias las advertencias de diversos organismos nacionales e internacionales, y sin embargo, la respuesta fue tardía.

“Los responsables somos todos los guatemaltecos, pero fundamentalmente los que han ostentado el poder económico y político. Casi todos los políticos han llegado al poder ya sea de la mano de los militares o financiados por la oligarquía. Y los guatemaltecos también somos culpables porque no hemos tenido el valor de echar del poder a esa clase corrupta y corruptora, convirtiéndonos en observadores indiferentes de las injusticias sociales”, explicó a Soy Periodista el columnista Eduardo Villatoro del diario La Hora, de Guatemala.

El problema no radica en la pobreza, sino en la profunda desigualdad, originaria de una enorme concentración de la tierra. Guatemala tiene suficiente riqueza en recursos naturales para prevenir esta clase de situaciones, de manera que la seguridad alimentaria de las personas depende de su poder adquisitivo y no de la disponibilidad física de alimentos. Pero a pesar de que el país lleva más de 20 años de historia democrática, los niveles de inequidad se mantienen en cifras alarmantes: dos tercios de la población se encuentran en la pobreza y cerca del 20 por ciento de ésta vive en la miseria.

En entrevista con Soy Periodista, Martin Rodríguez, miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), comentó que “la primera reacción ha sido errónea. Ha sido culpar a la prensa de magnificar la crisis. La segunda reacción, de declarar estado de calamidad y convocar a la comunidad internacional, ha sido más acertada. Pero como el país no es pobre sino desigual, voltear la primera mirada a la cooperación internacional tampoco es la mejor solución”.

Entonces puede que intentar decretar un estado de calamidad sea una medida efectiva para recibir apoyo internacional, pero como lo expresó Villatoro, “los países cooperantes otorgarán apoyo con cautela, dado el historial de corrupción gubernamental desde hace décadas. Y en cuanto a los efectos internos, este estado de excepción serviría para agilizar la adquisición de insumos para combatir la hambruna, pero temo que sólo sirva para que los funcionarios tengan más facilidad de enriquecerse ilegalmente, porque no tienen que someter a licitaciones las compras que realicen hasta determinada cantidad monetaria.”

Actualmente las poblaciones afectadas corresponden a más del 50% de la población total. No obstante, la emergencia sigue agravándose. A esta predicción se suma la presencia del fenómeno del Niño, en la parte central del océano Pacífico, que ha provocado que las heladas de principios de este año sean más extremas que de costumbre, llegando a descender a temperaturas entre los siete y los once grados bajo cero. Entonces el Estado deberá prever mayores políticas de acción y gestión de riesgo efectivas para asegurar que se disponga de suficientes alimentos y la vida de los ciudadanos de escasos recursos no corra riesgo.

La Constitución de Guatemala cobija los derechos a la vida (Artículo 3), a la igualdad (Artículo 4) y a la alimentación y nutrición (Artículo 99). A pesar de esto, la protección jurídica no es suficiente y hoy la mitad de los ciudadanos viven en condiciones poco dignas, padecen de hambruna y una gran mayoría están desnutridos. Debido al fuerte vínculo que mantiene la “crisis” con los índices de pobreza y miseria, no hay esperanza de que se erradique fácilmente del país, pero, por lo pronto, sí se espera que el Gobierno se organice mejor para estar un poco más a la altura de esta histórica calamidad.

Por: Maria.Carolina

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